La idea de conectar las islas caribeñas mediante cables submarinos para crear una gran red que permita complementar los sistemas energéticos se está transformando de ser una quimera a iniciativas concretas que peritos del Banco Mundial ven viables; el gobierno de Barack Obama los impulsa y las Islas Vírgenes Estadounidenses la está encaminando contando con Puerto Rico.

La autoridad de energía y acueductos de las Islas Vírgenes recién acaba de cerrar el término para recibir propuestas en diciembre para la evaluación de impacto ambiental para el proyecto de interconexión con el este de Puerto Rico, que forma parte del plan de acción de producción de energía de dicha utilidad.

La V.I. Water and Power Authority (VIWAPA por sus siglas en inglés) hizo públicos los documentos de descripción del propuesto cable de 50 millas de transmisión de electricidad y telecomunicaciones entre una subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Fajardo y la planta de Harley en St. Thomas. Otra posible interconexión sería entre el poblado de Frederiksted, en Santa Cruz, y la subestación de Yabucoa, una distancia más larga de 80 millas, pero a una profundidad de 340 pies, que sería la mayor de cualquier otro cable submarino existente en el mundo, haciéndola más costosa y requerirá más estudios.

Este proyecto está en el marco de la política pública de la administración Obama y de conversaciones internacionales que se vienen realizando desde hace varios años.

Un grupo de “economistas de la energía” y otros peritos comisionados por el Banco Mundial avalaron la interconexión de las islas del Caribe en una gran red como una solución regional al alto costo de la electricidad y para facilitar la diversificación de los recursos y mejorar la confiabilidad del sistema, tomando en cuenta inclusive los embates periódicos de los huracanes.

El exgobernador Luis Fortuño dijo en abril de 2012 que se hacían las gestiones con el gobierno federal para la creación de una “Red Energética Caribeña”, en la que Puerto Rico sería su eje, vendiendo el exceso de energía que produzca a las Islas Vírgenes y República Dominicana y que el Departamento de Energía de Estados Unidos había comenzado los estudios. La realidad es que esta idea lleva tiempo en desarrollo.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la compañía InterAmerican Energy Sources LLC participaron de una cumbre ministerial de energía y clima de las Américas, en Washington D.C. en abril de 2012, donde participó la secretaria de Estado Hillary Clinton y se discutió la red para el Caribe. En esa cumbre estaban los ministros de energía de la región, oficiales de la comunidad de CARICOM (Caribbean Community and Common Market), la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB por sus siglas en inglés), quienes darían apoyo técnico en todos los estudios.

El secretario de Energía de EE.UU., Dr. Steven Chu, co-ganador del premio Nobel de Física de 1997, tras la reunión hemisférica anunció una serie de iniciativas bajo la denominada Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA por sus siglas en inglés), con proyectos de cooperación, asistencia técnica y financiamiento, energía renovable, infraestructura eléctrica y preparación para terremotos.

ECPA es producto de la Quinta Cumbre de las Américas, de 2009, en la que Obama y otros líderes del hemisferio se comprometieron a impulsar proyectos de cooperación para desarrollar recursos energéticos limpios. El enfoque de ECPA es crear alianzas regionales que unan la sociedad civil con el sector privado para encontrar nuevas formas de producir y usar energía. Colombia también está desarrollando sus propias iniciativas en este marco.

Los ministros de energía y delegaciones de 32 países tuvieron dos días de reunión en la sede del BID con 200 empresas y organizaciones no-gubernamentales con miras en el crecimiento económico con bajo nivel de carbón. Allí se anunciaron los avances para las interconexiones y la iniciativa del Grupo de Trabajo Caribeño de Energía Sustentable. El Departamento de Energía se comprometió a dar apoyo técnico, incluyendo auspiciar talleres o seminarios para explorar su potencial con fuentes de energía renovable.

“Al conectar sistemas eléctricos a través de las naciones caribeñas, la región podrá desarrollar economías de escala y grandes mercados eléctricos, lo cual ayudará a facilitar la transición hacia una energía renovable, reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y hacer más seguras las economías de las islas”, planteó el secretario Chu.

Clinton y Chu publicaron una columna conjunta sobre el tema en el Miami Herald y en el periódico La Opinión.

Los peritos del Departamento, con especialistas de los Laboratorios Nacionales, asistirían en la formulación de nuevas políticas públicas, regulaciones y estándares para un uso más seguro, confiable y eficiente de la energía.

CARICOM tiene su programa de desarrollo de energía renovable (CREDP en inglés), que cuenta con fondos de varias organizaciones, instituciones y gobiernos regionales, pero Puerto Rico no pertenece al organismo regional por ser territorio de los EE.UU.

Se entiende que las diferentes islas tendrán que hacer los debidos ajustes a sus sistemas para permitir las interconexiones. Existe un plan hemisférico para “conectar las Américas” para el año 2022. El esbozo general del mismo se puede leer en esta hoja informativa del Departamento de Estado.

En otra reunión en las Bahamas, representantes de del Departamento de Energía norteamericano firmaron un acuerdo con el embajador de Nueva Zelanda, Roy Ferguzon, estableciendo los términos de referencia para una alianza internacional para el desarrollo de energía en las “naciones islas” (EDIN por sus siglas en inglés). Nueva Zelanda, que ha sido un país de avanzada en la energía verde, colaborará en esta iniciativa para desarrollar tecnologías eficientes y de energías renovables para islas y territorios, incluyendo fomentar la biomasa derivada de prácticas agrícolas caribeñas.

El proyecto de Islas Vírgenes

La evaluación ambiental de Islas Vírgenes incluiría estudios batimétricos, bénticos, arqueológicos y agrimensores, siendo la principal consideración el impacto del cable en el suelo marino. Se estima que el cable tendría capacidad para transmitir 200 megavatios. La AEE calcula que puede vender 1,000 megavatios.

Las Islas Vírgenes requerirán aprobación de las agencias federales y las estatales propias y de Puerto Rico.

El director ejecutivo de VIWAPA, Hugo Hodge Jr., anticipó que después de esta última ronda de estudios (hicieron otros de viabilidad con Siemens Power Technologies Inc.) podrán obtener el financiamiento para el proyecto y después de todos los permisos, calculó que estaría listo en un año. Toma de seis a nueve meses hacer el cable y 60 días depositarlo en el mar.

Los dos estudios anteriores de Siemens fueron sobre la viabilidad submarina y el máximo nivel de energía renovable (viento y solar) para su red, con o sin la interconexión a Puerto Rico. Estos fueron pagados con fondos legislativos y del Departamento de Energía de EEUU.

Hodge indicó que tendrían que acordar con Puerto Rico comprar un mínimo de 10-20 megavatios, con opción de comprar más si es necesario. Su plan es vender a su vez energía a las Islas Vírgenes Británicas y de ahí en adelante a otras islas.

Barbados como ejemplo

Barbados tiene un proyecto que se quiere usar de ejemplo. Desarrolló lo que considera es el mayor sistema de paneles solares de techo, después de Puerto Rico, tras obtener en octubre de 2012 $6.4 millones en financiamiento para 10 negocios de Williams Industries Inc. (de manufactura, almacenes y comercios) junto con la compañía Williams EverGREEN Ltd., que estimó desplazará el 20% de la generación de fuentes fósiles, según RenewableEnergyWorld.com.

“El Caribe es un mercado potencial real. Donde quiera que tengas toda tu generación con combustible importado, estás hablando de altos costos significativos,  de 30-40 centavos/kilovatio hora (kvh), y con tanto tiempo soleado, lo solar es un encaje natural”, dijo Raju Yenamandra, vicepresidente de ventas y desarrollo de negocios de Solar World America, la compañía que suple los paneles.

Sin embargo, obtuvieron el préstamo de diez años con el PNC Bank (uno de los grandes bancos estadounidenses), garantizado por Ex-Im Bank, al no encontrar condiciones atractivas en la banca local. Steve Horning, un vocero de Ex-Im, dijo que PNC quería utilizar el proyecto de Barbados como “un modelo para los proyectos en todo el Caribe”.

Andre Gibson, director de Williams EverGREEN Ltd., destacó que dos de cada cinco residencias barbadeñas usan calentadores solares y el gobierno ha demostrado voluntad política para convertirse en el mayor usuario de energía verde de la región en los próximos 15-20 años.

La compañía de energía de Barbados está comprando lo que genera Williams Industries a 1.8 veces el costo del combustible. Los paneles comenzaron a conectarse a la red eléctrica en junio de 2012. Para agosto, explicó Gibson, con cinco plantas conectadas la compañía pagaba a la utilidad $0.26 kilovatio hora (kvh) y la empresa eléctrica le pagaba a ellos $0.74/kvh por sitio, con una ganancia neta de diez centavos a base de una tarifa especial que terminó el 30 de junio. Barbados Power & Light acordó seguir honrando la misma tarifa hasta que estableciera una nueva a fines de 2012, cuando se esperaba que el múltiplo baje debido al aumento en el costo del combustible.

El gobierno de Barbados estaba discutiendo cambiar su legislación para permitir que se emitan licencias independientes de productor de energía para las grandes instalaciones comerciales, con un segundo tipo de tarifa. Eso facilitará un proyecto de Williams EverGREEN para construir una planta de paneles en el suelo, que genere 10-15 megavatios. En comparación, la planta de AES Ilumina en Guayama producirá 24 megavatios.

Las islas con las tarifas más altas de electricidad sin mirar al conjunto

“La región caribeña enfrenta unas de las tarifas de electricidad más altas del mundo. Está plagada de elevados y volátiles precios de combustible, con limitadas economías de escala y diversidad de suplido eléctrico”, plantea un estudio de peritos del Banco Mundial que analizó el potencial de interconexión de las islas de Antigua y Barbuda, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Dominica, Barbados, Guadalupe, Martinica, Haití, Jamaica, República Dominicana y Trinidad Tabago.

Reconoce que la idea no es nueva y ya es la norma para el suplido de gas en el mundo, pero es una opción no ha recibido la atención que merece en el contexto caribeño, aunque concluye que requiere estudios más profundos y de viabilidad individual, soluciones subregionales y regional, además de evaluaciones regulatorias.

“Mientras este estudio analiza un pequeño subconjunto de imaginables opciones regionales de energía para el Caribe, demuestra que las soluciones regionales ameritan más estudio”.

“Aunque varios estudios han examinado opciones de recursos alternos para la región, estos a menudo solo consideran soluciones para países individuales en aislamiento. Cuando miramos al Caribe, no empero, es aparente que las cortas distancias entre islas y el tamaño de los mercados presentan oportunidades para beneficiarse de soluciones regionales”.

El informe Caribbean Regional Electricity Supply Options: Toward Greater Security, Renewables and Resilience for the Region, de Franz Gerner y Megan Hansen, del sector de energía de la división de Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, exploró las alternativas en la unión de países, financiado por el Banco Mundial y un grupo asesor técnico y multisectorial público-privado.

El mismo utilizó información técnica de otro estudio comisionado por el BM a Nexant, una empresa multinacional con sede en California, especializada en sistemas informáticos para redes eléctricas y estrategias de energía alternativa. Ese informe, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy, evaluó opciones energéticas de la región.
Si quiere leer más sobre este tema, visite estos enlaces:

US Export-Import Bank Helping To Bring Solar Power To the Caribbean
Secretary Chu Announces New Partnerships Under the Energy and Climate Partnership of the Americas

El gobernador Alejandro García Padilla es el quinto gobernador consecutivo que autoriza el uso de la fuerza militar local en gestiones policiales de lucha contra el narcotráfico y la violencia que genera, un recurso que se ha convertido en un patrón en los últimos años ante la incapacidad de la Policía sola en atajar el tráfico de drogas y armas por Puerto Rico.

Los cuatro gobernadores posteriores a la muy criticada e intensa militarización de la “Mano Dura Contra el Crimen” de Pedro Rosselló – Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y ahora García Padilla – todos suscribieron órdenes ejecutivas para activar la Guardia Nacional, con variadas justificaciones y de usos menos extensos, pero con el mismo propósito de combatir las drogas ilegales. Los dos últimos lo hicieron llegando a la Fortaleza. Rafael Hernández Colón, la usó para vigilancia policiaca durante la huelga de trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, en 1973.

En la década del cincuenta, también se utilizó la Guardia Nacional en contra del movimiento nacionalista.

Más reciente, Fortuño activó la Guardia Nacional al comenzar su cuatrienio (OE2009-29), “para brindar apoyo a las autoridades civiles durante situaciones de grave perturbación del orden público”.

El Mayor General Antonio J. Vicens, saliente ayudante general de la Guardia Nacional (GN), explicó en entrevista con el CPI que en el 2009, la administración Fortuño le asignó más fondos para la llamada “lucha contra el crimen”, pero subrayó que para la activación “existía un propósito” y alegó que había un “exit strategy”, o sea, condiciones para terminar.

“La policía había perdido personal y les tomaba tiempo capacitar personal. Reparamos patrullas y los acompañamos (a los policías)”, explicó el saliente Ayudante General. “Poco a poco redujeron” los recursos de la GN y “cumplieron su misión”, acotó.

La orden de Fortuño decía que el superintendente de la Policía podía solicitar apoyo de la GN “cuando sea necesaria para mantener el orden público, proteger la vida, propiedad y seguridad de los ciudadanos y garantizar servicios esenciales a la ciudadanía”.

Para el año fiscal 2012, la GN recibió más de $200 millones en asignaciones federales y $9 millones del gobierno de Puerto Rico.

En su informe de transición, Vicens explicó que de $29.9 millones de fondos federales que tenía para el 2013, unos $19.9 eran para cubrir la operación de instalaciones, seguridad, antiterrorismo, centro de lenguaje inglés, prevención de incendios, entre otros. Los otros $10 millones requieren pareo estatal para cumplir acuerdos cooperativos.

La nueva orden 2013-001 de García Padilla se diferencia de las anteriores en que es “para brindar apoyo en las labores de vigilancia en las zonas portuarias y aeropuertos a los fines de impedir la entrada de drogas y armas ilegales al país”.

El designado ayudante general, Coronel Juan José Medina, que le toca cumplirla, viene de dirigir el Programa de Control de Drogas bajo el mandato de Vicens.

El programa anti-drogas, según el informe de transición de Vicens, “ha sido de gran impacto para el país” porque contribuyó a reducir el trasiego y uso ilegal de drogas con la incautación de 94,035 libras de narcóticos, valorados en $800,836,038.26 en el mercado. Además, realizaron 6,324 de arrestos, 137 confiscaciones de vehículos y 902 armas de fuego, con un valor estimado de $3,508,565.

Este programa colabora con agencias federales y estatales en misiones de vigilancia, monitoreo y rastreo de sustancias controladas, lavado de dinero y tráfico ilegal de humanos en nuestros límites territoriales, por lo que no debería ser noticia para la fiscal de distrito federal Rosa Emilia Rodríguez, quien expresó desconocimiento sobre cómo se implantará la nueva orden de García Padilla, o para el reelecto comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien criticó la medida.

El presupuesto consolidado de la GN para el año fiscal 2012-13 asciende a $41,511,000: $11,531,000 de una resolución conjunta del presupuesto general del gobierno y $29,980,057 de fondos federales para acuerdos cooperativos entre el Departamento de la Defensa de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico.

Los fondos estatales cubren gastos de nómina ($5,315,000), pagos por servicios de agua y luz, seguros y transportación ($2,487,000), y un pareo de fondos requeridos para la construcción de un nuevo centro en Gurabo, así como gastos del programas Puerto Rico Youth Challenge, y otras operaciones ($3,729,000) del Ejército y la Fuerza Aérea en las cuales el informe de transición no abundó.

García Padilla justificó la movilización con las estadísticas de 2009-2012 de más de 4,000 asesinatos, lo cual representa un promedio de 1,000 asesinatos anuales, y porque el trasiego de drogas y armas ilegales es la principal causa de los crímenes violentos en el país. Se refirió a un estudio sobre el mercado y alto tráfico de la droga en Puerto Rico y las Islas Vírgenes (reseñado por el CPI en ¿Puerto Rico es un narcoestado o estamos exagerando?), titulado “Análisis del Mercado de la Droga en el Área de Alto Tráfico de Droga en Puerto Rico e Islas Vírgenes”, del Centro Nacional de Inteligencia contra la Droga (NDIC, por sus siglas en inglés), el cual proyectó en el 2009 un alza de este trasiego por la vía marítima de bienes ilegales.

“Desde la publicación de dicho estudio, se ha convertido en realidad ese críptico escenario. Se ha citado, incluso, que más del cincuenta por ciento de los asesinatos en el país están vinculados de alguna manera u otra al negocio de las drogas. El trasiego de armas ilegales está íntimamente atado a dicha situación”.

La orden de García Padilla ubica militares “en lugares estratégicos” para interrumpir la cadena de distribución de armas y drogas ilegales mediante “la inspección de los cargamentos que ingresan a la Isla en cada uno de los puertos y aeropuertos”.

Órdenes anteriores

Los mecanismos para facilitar la movilización militar son similares en estas órdenes, aunque las últimas cubrieron los gastos del Fondo de Emergencia y la presente agrega hacer “compras de emergencia” para adquirir materiales y equipo. Se basan en el Código Militar (Ley 62 de 1969), que faculta al Gobernador a tomar tal acción, “cuando las autoridades civiles no pudieran afrontar las mismas y tal movilización sea necesaria para mantener o restablecer el orden público y garantizar la seguridad de vidas y propiedades”, explica la orden de 2009.

Calderón usó este recurso de forma general (OE-2004-38) para que la Guardia Nacional apoyara un plan de trabajo de la Policía Estatal, con cargo al presupuesto general, concentrándose en zonas de alta incidencia criminal, como San Juan.

Bajo la administración de Rosselló, su uso fue más intenso, militarizando los operativos policiacos Mano Dura Contra el Crimen (OE1993-08) y ocupando residenciales públicos.

En su penúltimo año, Acevedo Vilá hizo una orden cualificada (OE2007-01), para “estar en alerta máxima y preparados para responder de forma inmediata en caso de que sean activados para brindar apoyo a la Policía” luego de una alarma de la población cuando en los primeros quince días del 2007 se disparó la cifra de asesinatos, aunque habían bajado en los dos años anteriores.

Estas órdenes confieren a los guardias “carácter de funcionarios del orden público, con todos los poderes y obligaciones inherentes a tal carácter”, autorizan su compensación y otros gastos.

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fotos: Juan Carlos Linares

El Mayor General Antonio J. Vicens González desmintió confidencias recibidas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de que haya favorecido personal por razones políticas o fuera indulgente con casos de hostigamiento sexual bajo su mando como ayudante general de la Guardia Nacional (GN).

Vicens González se retira ahora que el gobernador Alejandro García Padilla anunció como el nuevo ayudante general al Coronel Juan José Medina, quien dirige el Programa de Control de Drogas de la GN.

Antes de conocer quién sería su sucesor, dijo al CPI que estaba listo para hacer el relevo de mando e irse a su casa, sin planes específicos. En noviembre había expresado a la prensa que estaba disponible para quedarse si se lo pedían.

Confrontado con las confidencias confidenciales, Vicens González afirmó que “la política no tiene espacio en la Guardia Nacional de Puerto Rico” y negó que el panismo o el activismo político fueran modos apropiados para asegurar posiciones en el cuerpo castrense.

Rechazó que se dejara llevar por criterios político-partidistas para sus nombramientos, asegurando haber promovido “un montón de populares” y no solo del “corazón del rollo” del Partido Nuevo Progresista (PNP), como dicen sus críticos, aunque también, según la confidencia recibida por escrito en el CPI, había penepés molestos.

“En más de 43 años en la Guardia Nacional he visto ayudantes generales que han sido totalmente políticos”, opinó Vicens, sin mencionar nombres. “El malo, la única forma que tiene para crecer es por esa pala política”, acotó con cierto desprecio a ese tipo de gente durante la entrevista realizada a fines de diciembre de 2012 en sus oficinas del cuartel general, en Puerta de Tierra.

“La política aquí no tiene espacio. Es la misma cosa (que en Estados Unidos o Puerto Rico), incorporamos la diversidad. Féminas, jóvenes, mayores. Aquí no discriminamos. Traemos diferentes puntos de vista en diferentes escenarios”, pero una vez culmina el proceso decisorio, “todo el mundo saluda y esa es la decisión que vamos a tomar”.

“Me apena que me traiga esto”, dijo Vicens González refiriéndose a la confidencia, porque los procedimientos de la GN “se rigen bajo los mismos reglamentos, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea”, a pesar de las diferencias en estructura, y muy especialmente para los ascensos. No obstante, apuntó que su posición “tiene unas prerrogativas de reclutar personal de confianza”.

“En igualdad de condiciones, yo tengo libertad de escoger personal – key staff positions – como el ayudante especial, que tengo que tener fe ciega en ellas”, o como el coronel Juan Rivera Chévere, su Chief of Staff-Army, que son personas que conocía bien del pasado.

Eso “no lo tengo que consultar”, afirmó tajante.

Existe una lista para ascensos y nombramientos, en orden de méritos y especialidad, que es revisada cada año para actualizarla, lo cual altera sus posiciones. Esa lista parece que genera algunos inconformes, pero “ahí yo no tengo nada que ver”, acotó el General.

Uno de los mencionados como favorecidos es el teniente Epifanio Jiménez, exrepresentante y ex candidato a la alcaldía de Carolina por el PNP, quien está a tiempo completo en el Campamento Santiago, en Salinas. Él tiene una asignación de “órdenes ininterrumpidas”, lo cual significa que existe “mientras haya fondos”, según Vicens González.

Otra queja fue la falta de acciones disciplinarias contra un Sargento Mayor de Estado, de quien se dice no reportó irregularidades durante una movilización a Irak. Vicens González explicó que ocurrió hace cinco años, durante la movilización del 130 Regimiento de Ingeniería, y hubo una investigación militar sobre actuaciones indebidas de otros militares y la supuesta inacción. En el caso sobre el oficial de aquí, no se encontró méritos y se archivó el caso. Por eso no se tomaron medidas en su contra, indicó.

Intolerancia al hostigamiento sexual

Dos casos de hostigamiento sexual, por su naturaleza, son confidenciales y el ayudante general y la GN están impedidos de revelar detalles. No obstante, a preguntas del CPI, Vicens González confirmó las dos querellas de dos mujeres contra dos oficiales varones, ocurridas en un periodo de cuatro años.

“Sí lo hemos tenido”, añadiendo que son casos infrecuentes y le han dedicado mucho tiempo de capacitación al personal para desalentarlo y prevenirlo, inclusive dividiendo grupos de mujeres y hombres para facilitar la comunicación.

El propio Vicens González reveló que hubo tardanza en resolver estos casos por falta de una persona dedicada a investigarlos aquí. Por ello trajeron peritos del Negociado de la Guardia Nacional, de Washington D.C.

“Aquí no toleramos eso”, insistió, sobre el hostigamiento sexual.

El CPI supo por confidencias que el sargento mayor José Padilla fue encontrado culpable dos veces de hostigamiento sexual en el trabajo. Vicens González lo confirmó y dijo que fue reubicado.

El otro era un Teniente Coronel, que se reubicó siguiendo el procedimiento establecido, por lo que el General entiende que no hubo trato preferencial.

La coronel Ivette Galarza, que dirige la Oficina de Igualdad en el Empleo, es la oficial que recibe las quejas de hostigamiento sexual. Un inspector general investiga independiente de la oficina del ayudante general y, aunque no se encuentre causa, la persona querellante se queda en su posición y la otra es reubicada.  Cuando surge otra querella contra la misma persona, entonces se entiende que hay un patrón y se toman otras medidas, alegó el General.

Cambio de visión en la Guardia Nacional

En los últimos años la GN ha hecho una conversión como parte de un plan estratégico de diez años que culmina en el 2020. Aunque el conocimiento general del país es que sus efectivos sirven al gobierno, la realidad es que la primera misión es la federal y la nueva visión busca pasarla de una fuerza de reserva a una operacional, lista para operar en conjunto con el Ejército y las Fuerzas Armadas.

En el ámbito local, sirven a la comunidad, como en casos de desastres naturales y combatir el narcotráfico.

Vicens González que destacó como logro suyo (ahora en desarrollo) la creación de una unidad de buzos y traer una cámara de descompresión, que se perdió cuando la Marina se llevó la suya con el cierre de la base Roosevelt Roads.

“Estamos en una isla. Separados del continente… Hay que tener eso en Puerto Rico”, porque el proceso burocrático para movilizar buzos de Estados Unidos para la búsqueda y rescate se toma más de tres días, explicó. Esto fue patente cuando se estrelló el helicóptero Lakota UH-72 Al 20 de diciembre de 2010 mientras participaba de un operativo antidroga, cobrando la vida de seis personas a bordo. La recuperación de los cadáveres en el mar picado tomó un mes.

La Guardia Nacional tiene un presupuesto consolidado de $41.5 millones, de los cuales casi $30 millones son fondos federales, que cubren operaciones, seguridad y anti terrorismo; así como $11.5 estatales. También tiene programas para prevenir la deserción escolar y el uso de drogas entre jóvenes. Proyecta terminar el año fiscal 2013 con el presupuesto balanceado.

Para la transición hacia el gobierno de Luis Fortuño, a finales del 2008, la GN tenía un presupuesto de $28.6 millones, de los cuales $20.4 eran “fondos especiales federales” y $8,214,000 estatales.

Ahora tiene 7,200 soldados del Ejército y 1,200 de la rama Aérea, para un total de 8,400. Además, 1,200 voluntarios en la Guardia Estatal y 368 empleados civiles, gran parte de ellos pagados con “pareo de fondos federales”.

Al momento hay 350 soldados y aviadores cumpliendo misiones en Afganistán, Kuwait, Qatar, la base de Guantánamo en Cuba y Honduras, “entre otros” no especificados en su informe de transición. Tienen acuerdos de cooperación con Honduras y República Dominicana como parte del Comando Sur del Ejército.

La GN compareció a las vistas de transición gubernamental el 14 de diciembre. Puede leer los documentos de su informe 2012 aquí.

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El ex administrador de la Administración de Servicios Generales, Carlos E. Vázquez Pesquera, se expone a multas de sobre $100,000 de progresar una querella en su contra ante la Oficina de Ética Gubernamental que lo implica en uso del auto, chofer y guardaespaldas oficial para visitar centros nocturnos de diversión.

La querella, de julio de 2012, le imputa utilizar propiedad y personal de la agencia para gestiones personales y recreativas que incluyen frecuentar el club de bailarinas exóticas Lips, ubicado en Hato Rey y donde recientemente fue arrestada y convicta por prostitución la vedette Denissa.

La querella revisada por el Centro de Periodismo Investigativo también implica a Vázquez Pesquera en visitas a otras tabernas tales como El Criollo y Dunbars en Guaynabo, otra no identificada en Isla Verde y el Heineken JazzFest en el Anfiteatro Tito Puente de Hato Rey fuera de horas laborables y siendo transportado en el auto oficial por su chófer y en compañía del guardaespaldas.

Por tal razón, además de la multa de hasta $20,000 por cada incidente, Vázquez Pesquera podría tener que reembolsar hasta tres veces el costo incurrido por el gobierno por cada infracción al ocasionar que se le pagara tiempo extra a cada uno de sus subalternos para asistir a estas actividades personales y recreativas.

Vázquez Pesquera ocupó el cargo de administrador de Servicios Generales del 10 de noviembre de 2009 hasta el primero de marzo de 2012.

Desde su renuncia, se reincorporó a la campaña política del Partido Nuevo Progresista (PNP), desde su comité central.

Según información recopilada a través de la Internet, antes de administrar la ASG, Vázquez Pesquera se desempeñó como sonidista del PNP, ayudante legislativo del ex representante Edwin Mundo, ayudante de la senadora Migdalia Padilla y miembro de la avanzada política de ésta, presidente de Karike Productions Inc., presidió la juventud del PNP en Toa Alta y fue coordinador de actividades de esta organización en dicho municipio e inspector de la Comisión de Servicio Público. Además, es aficionado a los caballos de paso fino.

En septiembre de 2011, Vázquez Pesquera radicó una querella ante la Policía de Puerto Rico en la que denunció que alguien forzó la puerta de su camioneta de pasajeros Ford Expedition negra y robó su pistola Glock calibre .40 mientras estaba estacionado en la Hacienda Carabalí de Luquillo. En los reportes de prensa de dicha fecha no se menciona si el vehículo o el arma de fuego hurtada en dicho centro ecuestre le habían sido asignados en su carácter oficial.

Las múltiples gestiones realizadas para entrevistar a Vázquez Pesquera sobre la querella de la OEG en su contra resultaron infructuosas.

Tampoco rindieron fruto las gestiones realizadas a través del PNP, donde a principio de diciembre respondieron que sólo quedaban cinco empleados allí y ya él no frecuentaba el comité central.

Por su parte, la directora ejecutiva de la OEG, Zulma R. Rosario Vega, informó que la querella estaba pendiente de adjudicación y, por lo tanto, estaba impedida de responder varias preguntas del CPI.

La funcionaria confirmó que Vázquez Pesquera respondió a la querella dentro del plazo concedido de 20 días por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y la Ley y el Reglamento de Ética Gubernamental.

Sin embargo, explicó que estos “garantizan a la parte querellada un debido proceso de ley durante el trámite de adjudicación iniciado con la presentación de la querella” del pasado 20 de julio.

Rosario Vega agregó que el funcionario querellado tiene derecho a ser oído, confrontar a los testigos, presentar prueba escrita y oral y a un adjudicador imparcial y que sea un proceso justo y equitativo que garantice y respete la dignidad de los individuos afectados, por lo que estaba impedida de proveer copia de la respuesta, la fecha de los hechos imputados ni otros detalles sobre la querella.

“El adelantar copia de la contestación a la querella o de cualquier anejo que ofrezcan detalles adicionales en este momento en que el caso se encuentra en pleno proceso de adjudicación podría afectar el debido proceso de ley que la OEG tiene que garantizarle a todo querellado”, respondió Rosario Vega a una petición por escrito del CPI. “Nótese que el querellado aún no ha tenido oportunidad de ser oído, ni de confrontarse con los testigos, o de presentar prueba oral o escrita en su favor”.

Rosario Vega informó que la OEG tiene seis meses desde la fecha de radicación de la querella para atenderla, salvo por “circunstancias excepcionales” y que dicho término puede extenderse por “consentimiento escrito de las partes o por causa justificada”.

Además, la OEG tiene otros 90 días para emitir su resolución final por escrito después de resolver la querella.