Los detractores de José Ortiz Vázquez se quedaron esperando por que se materializara en estos días su anticipada renuncia a la presidencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tras el intercambio de zarpazos públicos con el gobierno entrante. Ahora fuentes de dentro de la corporación pública aseguran que el funcionario estaría forzando una negociación para recibir compensación por abandonar la posición antes de fin de año.

Si renuncia al cargo, Ortiz Vázquez no recibiría ninguna paga extraordinaria más allá de los balances de licencias que le corresponden, pero si lo despiden, la Junta tendría que compensarlo y ahí entraría la negociación de cuánto dinero recibiría.

Algo similar pasó cuando el gobernador Aníbal Acevedo Vilá le retiró la confianza a Jorge Rodríguez como director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), siendo miembro de la Junta de Directores de la AAA, y se le compensó generosamente por la terminación.

Por el momento la situación está fluida, aunque en sus expresiones públicas Ortiz Vázquez siempre ha mostrado preferencia por quedarse como presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, considerada una gallinita de huevos de oro con decenas de proyectos y contratos millonarios planificados, a diferencia del déficit millonario que deja en Acueductos y un difícil panorama con los bonistas, que podrían empujar otro antipático aumento tarifario.

Habría personas en la Junta de Directores de la AAA, según supo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que saben que Ortiz Vázquez renunciaría efectivo el 31 de diciembre, lo que dejaría el camino abierto para nombrar al actual director ejecutivo de Infraestructura, Alberto Lázaro, quien se dice que es el favorecido por el entrante gobierno de Alejandro García Padilla.

El ingeniero Lázaro, como director de Infraestructura, ha estado a cargo de los proyectos de mejoras capitales de la AAA y fue subdirector de esa oficina cuando Ortiz Vázquez la dirigía durante la administración de la gobernadora Sila Calderón.

Tras señalarse la falta de confianza en él, en la AAA surgieron versiones de que Ortiz Vázquez cambió de parecer y se quedaba hasta el fin de su término en el 2014. Su portavoz de Comunicaciones, Edith Seda, se limitó a decir al CPI que “él está evaluando las cosas”.

En cuestión de días el ambiente pasó de, darle espacio a lo que está previsto que suceda, a ponerlo en la palestra para que quede meridianamente claro que no lo quieren. Primero lo estableció la copresidenta del comité de transición y designada secretaria de la gobernación, Ingrid Vila, y lo reiteró el gobernador electo después que la Junta de AEE, bajo la batuta de Ortiz Vázquez, confirmó a Josué Colón como director ejecutivo en propiedad de la AEE.

Ortiz Vázquez dijo el 4 de diciembre que se quedaba como presidente de la Junta de AEE hasta que venza su nombramiento. Al día siguiente García Padilla reafirmó las declaraciones de Vila: "Josué Colón, ni José Ortiz, entre otros, gozan de mi confianza. No han desempeñado sus funciones adecuadamente, por lo tanto, yo espero que no ocupen las posiciones públicas que ocupan, a partir del 2 de enero".

Tras defender la gestión y confirmación de Colón, el 4 de diciembre Ortiz Vázquez dijo en El Nuevo Día: “Le vamos a dar toda la deferencia al gobernador entrante a que si él quiere someter nombres para dirigir la agencia (AEE) va a tener toda la apertura de la Junta para su consideración”. Pero las deferencias cambiaron después de las declaraciones de García Padilla.

El 6 de diciembre cambió la tonada y Ortiz Vázquez dijo en El Vocero: “Primero que nada, yo no me muero por trabajar con García Padilla. Realmente él tiene bastante trabajo buscando gente de su partido que quiera trabajar para él y se le está haciendo un poco difícil. Yo tampoco me estoy muriendo por trabajar para él”.

El ingeniero indicó que no tenía planes de renunciar, aunque, “realmente no quiero convertirme en obstáculo para nadie y que cada cual cargue con su responsabilidad. No voy a convertirme en objeto para echar las culpas de las cosas que quizás no le funcionen. Mi interés es ayudar como lo he hecho con otros gobiernos populares”.

Alegó no querer ser estorbo, pero si prolonga la situación, ya colaboradores del PPD han encontrado “causales” legales para sacarlo de la presidencia de la AAA por “incompetencia”, mencionando varios asuntos de su desempeño con el ajuste tarifario, el presupuesto y la negociación colectiva, entre otros, según fuentes del CPI.

El resentimiento del Partido Popular Democrático (PPD) con Ortiz Vázquez no es nuevo. Tiene raíces que se remontan al final de la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá (2008), cuando le pusieron el mote de “traidor” al trascender que estaba trabajando en el programa de gobierno y ayudando a Luis Fortuño como candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista cuando aparentaba ser de confianza como jefe de la AAA.

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), también se alió con Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión Independiente de Empleados de la AAA, para combatir la continuación de Ortiz Vázquez en los dos cargos.

Figueroa Jaramillo cree que García Padilla debe “restructurar” la Junta de la AEE e insiste que Ortiz Vázquez ha llevado a la AAA a la quiebra.

La Junta de Gobierno de la AAA, que preside Edgardo Fábregas, tiene nueve miembros y es el organismo con la facultad legal de nombrar al presidente ejecutivo, así que las movidas del nuevo gobierno van enfocadas por múltiples vías.

De los nueve miembros de esa junta, cinco deben ser ciudadanos particulares, entre ellos está Carmen Ana Culpeper, secretaria de Hacienda en la gobernación de Carlos Romero Barceló y presidenta de la Compañía Telefónica en la administración de Pedro Rosselló. También está allí Carlos Dávila, también síndico de la Universidad de Puerto Rico, y Aura González Ríos, exsecretaria del Trabajo en la gobernación de Pedro Rosselló; más los dos directores ejecutivos de la Asociación y Federación de Alcaldes; el presidente de la Junta de Planificación, Rubén Flores Marzán; y el director ejecutivo de la AEE, Colón. Los dos últimos son miembros ex oficio.

Se anticipó al CPI que con la renuncia de Ortiz Vázquez, Fábregas haría lo propio como presidente de la junta de la AAA. Dávila y González Ríos cierran su término en junio de 2013, pero Colón se quedaría más mientras siga siendo director de la AEE.

Los términos de los nombramientos en la Junta tienden a ser escalonados y van desde uno hasta cinco años. Cuando expiran, continúan en su función hasta un máximo de 90 días en lo que se nombra un sucesor.

Dicha Junta tiene facultad legal, según la ley orgánica de la AAA, de llenar la posición de presidente ejecutivo con uno de sus directores independientes.

Paliar los retos económicos de Puerto Rico conllevará un esfuerzo de todos los sectores del País, no sólo del gobierno. Ambas partes deben reconocerlo y trabajar sobre eso. Será necesaria una negociación social que combine al sector económico con el sector político, cuidando que grupos externos no controlen la economía local.

Por lo menos esa es la opinión de Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE) quien pintó un cuadro de claros y oscuros sobre la situación del País.

Destacó que desde el 2000, la deuda pública de Puerto Rico aumentó al 9%, mientras la actividad económica creció solo un 4%. La participación laboral es de un 39%, una de las más bajas en la historia, mientras se proyecta un déficit estructural de $1,104 millones para el 2013.

A juicio de Marxuach, las agendas político partidistas fomenta un estancamiento que imposibilita la apertura política necesaria para la competitividad a nivel global.

Las raíces de estos problemas pudieran estar, según Marxuach, en que “el mundo ha cambiado significativamente desde 1946 y Puerto Rico se ha quedado con unas instituciones que no han evolucionado”.

Marxuach recordó que las instituciones locales son producto de la época de posguerra, hacia mediados y finales de la década de 1940, cuando en comparación con el resto del mundo, devastado por la guerra, Puerto Rico tenía acceso privilegiado al mercado estadounidense. Además, la mano de obra barata y la estabilidad política con la que contaba la Isla en esa época, actualmente ha sido igualada o superada por la de otros países. Los varios Tratados de Libre Comercio en el hemisferio eliminaron la exclusividad de Puerto Rico.

Por eso, más allá de las reformas de la década de 1970, cuando se enfatizó en programas como las industrias auspiciadas por la sección 936 del Código federal de Rentas Internas, no ha habido un cambió fundamental en nuestras instituciones que ayude al progreso de la economía.

La consecuencia de esto ha sido en parte que en Puerto Rico nunca  se ha satisfecho la demanda interna con producción local. Y “traer capital extranjero no puede ser el corazón del modelo económico”, sentenció Marxuach. Advirtió que los pocos actores que se benefician de ese modelo desgastado, siguen poniendo obstáculos para el cambio.

Las expresiones, durante una rueda de prensa, se dan en el contexto de la transición política tras la celebración de las elecciones en noviembre pasado.

Entre otras cosas, el gobierno entrante hereda una deuda de $16 millones en COFINA.

“Esa deuda no necesariamente hubiera sido mala si la hubiéramos utilizado para hospitales, carreteras o escuelas, pero la utilizamos para financiar gastos operacionales y deudas viejas”, explicó Marxuach.

Por otra parte, en lo que va de año, los recaudos del fondo general han bajado en 3%, lo que coloca al Departamento de Hacienda al mismo nivel que estaba en el 2006.

Llamó la atención a que, aunque hay una fuerza trabajadora de solo 39%,  hay una actividad económica considerable, pero en la informalidad. Por eso, desde un punto de vista de política pública, según el CNE, el gobierno se debe plantear el reto de atraer a toda la gente que trabaja en el sector informar hacia la economía formal.

Sobre este punto, Marxuach explicó que no solo se trata de que estas personas paguen a Hacienda, sino de que cumplan con leyes laborales, con los pagos de salario mínimo, seguro social y plan médico.

Sobre la crisis del sistema de retiro, el CNE considera que se debe presentar un plan en los primeros 90 días del 2013. Esta crisis, según Marxuach, “no es un problema de falta de ideas, es un problema de falta de voluntad”.

En el balance entre fortalezas y debilidades para el desarrollo económico identificadas por los estudios del CNE, Puerto Rico cuenta con activos como el capital humano (alto nivel de educación, capacidad profesional), pero enfrenta serios problemas demográficos como la perdida de ocho de cada mil habitantes que emigraron en los últimos 10 años, una cifra similar a la que se dio entre 1940 y 1950.

Como debilidad, mencionó el aumento en la población mayor de 65 años, el más alto en la historia, con un 16% según el Censo. Esto se combina con el decrecimiento en la tasa de fertilidad, que a diferencia de la de los años 40 y 50, hoy el promedio es de un hijo por mujer, lo cual se encuentra bajo el nivel de remplazo necesario para mantener los niveles de población productiva.

Una fortaleza es el clima y la ubicación del País, pero existe poca innovación en investigación y desarrollo, necesarias para aprovechar adecuadamente estas cualidades naturales. Así también, la infraestructura disponible no puede ser productiva por su mantenimiento deficiente.

Por todas estas razones, en parte, el desarrollo del arte y la cultura, considerados como activos en la perspectiva de CNE, se enfrentan a obstáculos como el gravamen en las finanzas y la deuda públicas.

El silencio que mantuvo la administración del Municipio de San Juan tras la derrota electoral el pasado 6 de noviembre se rompió este lunes con el inicio de las vistas de transición aunque la información que surgió de los procesos no aclaró muchas dudas y más bien dejó la impresión de que la álgida campaña electoral en la capital no ha terminado.

Funcionarios de la administración saliente del alcalde Jorge Santini incluso quisieron responsabilizar por algunas cosas a la pasada administración de Sila Calderón quien, sin embargo, fue alcaldesa hace doce años.

Durante las dos sesiones de trabajo del día, los comités de Santini y el de la alcaldesa entrante, Carmen Yulín Cruz, mantuvieron discrepancias sobre la información relacionada a las finanzas municipales. Los representantes de Cruz insistieron en que la verdad presentada está a medias.

El ex representante popular Héctor Ferrer, que asesora a la alcaldesa entrante, aseguró que el déficit operacional alcanza los $43.7 millones y que el déficit estructural, el acumulado año tras año, es de alrededor de $160 millones.

Francisco Peña, director interino de Finanzas de la administración Santini, indicó que el comité entrante quiere "confundir la información financiera y tergiversar los números".

El funcionario indicó que "el exceso de gastos sobre los ingresos es de $27.7 millones" para el 2012, y que el déficit acumulado es de solo $43.9 millones.

Por su parte, la administradora de San Juan, Lourdes Rovira, rechazó que el préstamo millonario que tomó el Municipio en 2006 para ofrecer una ventana de retiro sea parte del déficit. Dijo que la ventana resultó en 2,500 empleados menos lo que produjo un ahorro de $30 millones.

El empréstito se saldó en junio de 2012.

Algo para lo que no hubo respuestas fueron los recaudos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para San Juan. Según dijeron los funcionarios del a administración Santini, este renglón está en negativo porque el CRIM no logra cobrar las deudas contributivas de San Juan. Así las cosas la administración de Cruz desconoce con cuánto flujo de efectivo contará cuando comience a laborar en enero.

Solo en nómina, el municipio gasta $18 millones y se especuló que las deudas con suplidores rondan los $100 millones, lo que no se aclaró en la primera audiencia celebrada este lunes.

El comité entrante pidió más documentos, aparte de los 19 volúmenes con cerca de 10,000 páginas que alega haber entregado el Municipio, estados auditados y nuevas definiciones para las deudas, muchas de éstas vencidas.

No existe un calendario claro de las próximas vistas de transición pero se estima que culminen el 21 de diciembre. Todas se realizarán en la sede del propuesto tren liviano SATOUR en la avenida Fernández Juncos en Puerta de Tierra.

Aunque Puerto Rico tiene el mayor índice de pobreza en comparación con todos los territorios  de Estados Unidos, las fundaciones estadounidenses donan proporcionalmente menos fondos a organizaciones beneficiarias puertorriqueñas que a otras de estados con números similares de latinos.

Así se desprende de un estudio comisionado a Foundation Center por la organización Hispanics in Philantropy (HIP), y el cual muestra el panorama de inversión filantrópica de hispanos y latinos en la última década.

En la presentación del estudio realizada esta semana en el Colegio de Arquitectos, el presidente la Junta de Directores de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, René Pinto Lugo, se basó en estadísticas de varias organizaciones para explicar que los niños puertorriqueños enfrentan en general niveles más altos de riesgo que el niño promedio en Estados Unidos, donde la taza de pobreza infantil es de un 20%, mientras la tasa local alcanza el 57%.

Ante este contexto, Pinto Lugo entiende que los esfuerzos de las organizaciones deben dirigirse a  “la identificación de mecanismos y de nuevos paradigmas que permitan la ampliación de la participación y el fortalecimiento de la filantropía estratégica conducente al desarrollo de las comunidades”.

Tomando en cuenta este panorama, el informe de HIP dedica una sección especial donde se analizan todas las donaciones otorgadas a organizaciones beneficiaras ubicadas en la Isla.

Las fundaciones comprendidas en la muestra otorgaron 263 donativos para un total de $10.5 millones entre 2007 y 2009 a organizaciones beneficiaras en Puerto Rico. El monto promedio de los donativos otorgados durante esos tres años fue de $20.000.

Durante el mismo periodo, $1 billón de fondos fueron dirigidos a países de América Latina. En promedio, fundaciones estadounidenses dieron $350 millones por año, pero menos de la mitad de estos fondos llegaron a organizaciones establecidas en países latinoamericanos, quedando el resto en manos de programas internacionales ubicados en Estados Unidos.

El estudio reveló además, que en los pasados diez años la cantidad de fondos designados a beneficiar a la comunidad latina se ha mantenido en un 1%, mientras la comunidad latina en Estados Unidos se ha convertido en la más grande, representando el 16% de la población.

En total, del 2007 al 2009, las fundaciones estadounidenses han designado alrededor de $206 millones anuales en donaciones destinadas a la comunidad hispana, en un contexto en que los indicadores económicos y sociales presentados muestran que esta población vive en circunstancias difíciles y adversas.

Sin embargo, Puerto Rico se aparta de las tendencias filantrópicas generales del país norteamericano, pues las fundaciones empresariales locales dominaron los principales lugares en la lista de donantes, ocupando seis de los 10 primeros puestos.

Así también los datos disponibles muestran que varias fundaciones puertorriqueñas contribuyeron un porcentaje sustancial de los aportes filantrópicos. Por ejemplo, la Fundación Ángel Ramos otorgó $9.8 millones en donativos entre 2007 y 2009, ocho veces el monto contribuido por la principal institución bancaria con sede en Estados Unidos.

Por otra parte, en concordancia con las prioridades de financiamiento de las fundaciones  estadounidenses en general, las fundaciones más grandes destinaron los mayores porcentajes de fondos donados a Puerto Rico para educación y salud, con un 30% y un 22% respectivamente. De la misma forma, la educación ocupó el primer lugar en cuanto al número de donativos (25%), seguida por servicios humanos (25%).

En la muestra 2007-2009, las 10 fundaciones donantes principales contribuyeron casi dos terceras partes (64.7%) de los aportes destinados a organizaciones beneficiaras en Puerto Rico, al otorgar, en forma combinada, 156 donativos por un total de $6.8 millones.

La meta de HIP, sin embargo, es allegar más fondos a las comunidades latinas en los próximos diez años, en un mercado que, según la investigación, representa en conjunto una población de 563 millones en América Latina y 50.5 millones en los Estados Unidos.

La apertura de la presentación estuvo a cargo del presidente de la Junta de Directores de HIP, Nelson I. Colón. El estudio fue explicado por la presidenta ejecutiva de la organización, Diana Campoamor, a lo que siguió un diálogo para  identificar posibles estrategias de cambio en el panorama de inversión social.

En el diálogo participó un panel compuesto por Talya Bosch, vicepresidenta de Social Ventures-Western Union, Kathlyn Mead, vicepresidenta de The California Endowment y Mike Soto Class, director ejecutivo del Centro para la Nueva Economía.

En el conversatorio participó además la alcaldesa electa de San Juan, Carme Yulín Cruz, quien en su turno se comprometió a reunirse con los representantes de HIP con el propósito de lograr colaboraciones que se encaminen al empoderamiento de las comunidades del municipio.