21Mayo2013

Centro de Periodismo Investigativo

Actualidad en portada

Distinción para el periodismo investigativo puertorriqueño

Nuestro colaborador en el Centro de Periodismo Investigativo Luis Trelles Hernández, fue seleccionado por la Open Society Foundation/Soros Justice Fellows para recibir una  subvención económica que le permitirá trabajar durante un año el tema de la pena de muerte en Puerto Rico.  Trelles Hernández fue uno de 14 escogidos en nueve estados de EEUU y Puerto Rico. Las becas de este año totalizaron $1.2 millones de dólares.

“Nos sentimos muy honrados por este reconocimiento sobre todo tratándose de un tema tan importante y crucial para Puerto Rico”, expresó la licenciada Judith Berkan, presidenta de la Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo.

Trelles Hernández trabajará artículos de investigación complementados con material audiovisual, “sobre las dramáticas contradicciones que rodean a Puerto Rico mientras se convierte en la capital de la pena de muerte en el Caribe”, dijo la Fundación al hacer el anuncio.

La propuesta de Trelles Hernández busca captar el complejo y cuestionable escenario en el que se desarrollan los casos de pena de muerte en Puerto Rico, lugar que se ha convertido en una de las jurisdicciones de más casos recomendados para pena de muerte en EEUU aun cuando la Constitución del Estado Libre Asociado lo prohíbe expresamente.

Los trabajos serán publicados en la página del Centro de Periodismo Investigativo, www.cpipr.org

“El periodismo investigativo de cualquier tipo, escrito o en filme, cabe en el CPI”, dijo Oscar J. Serrano, codirector/fundador del Centro. “El reconocimiento de Soros nos llena también de mucho orgullo”, dijo por su parte Omaya Sosa Pascual, codirectora/fundadora. Destacó que es la primera vez que Open Society Foundation/Soros subvenciona trabajo periodístico en Puerto Rico.  “Estamos muy orgullosos de la propuesta presentada por Luis”, añadió Sosa Pascual.

Esta es además,  la segunda ocasión que una organización de Estados Unidos escoge al CPI como su primer respaldo económico para el periodismo investigativo en la Isla.  Desde hace dos años el CPI recibe una subvención de Ethics and Excellence in Journalism Foundation.

En Puerto Rico el CPI es respaldado por La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la Fundación Ángel Ramos, Miranda Foundation, Fundación Carvajal entre otros  generosos donantes que respaldan la función democrática del periodismo investigativo independiente

Para más información: http://www.opensocietyfoundations.org/multimedia/introducing-2013-soros-justice-fellows

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Foto por Ricardo Alcaraz de Diálogo

El CPI y el periodismo visto por los ojos de un joven reportero

Foto: Ricardo Alcaraz de Diálogo

Estudié mi bachillerato en periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón entre los años 2006 y 2010, un periodo particularmente marcado por el pesimismo y dominado por un discurso apocalíptico en cuanto a la profesión de informar. Y no era para menos, pues en ese tiempo estalló la crisis financiera y los viejos medios estaban en proceso de repensarse ante la proliferación de nuevas herramientas digitales.

Con esto desaparecieron o se encogieron varios medios tradicionales importantes y los periodistas experimentados a través del mundo perdieron sus empleos. Por dar un ejemplo, un informe del sociólogo de origen uruguayo Bernardo Sorj dice que solo en 2008 fueron eliminados en los Estados Unidos 16,000 cargos de periodistas asociados a la producción de noticias. En el mismo periodo, el cuadro de periodistas de diarios disminuyó en 25 por ciento y en algunos grandes periódicos los cortes llegaron al 50 por ciento.

Aquí en Puerto Rico la cosa tampoco iba bien, un periódico de larga historia como The San Juan Star cerró sus puertas. Por otro lado, el documental Un Diario Amable reveló el ambiente de incertidumbre y temor que imperaba en El Nuevo Día, donde en febrero de 2007 fueron despedidas 40 personas. En ese contexto local y global, nadie hubiese imaginado que en el 2007 surgiría en Puerto Rico un medio dedicado a la investigación periodística como el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), fundado por los periodistas Omaya Sosa Pascual y Oscar J. Serrano. Pues este género fue descartado como poco rentable por gerenciales de la prensa corporativa, quienes deciden a priori lo que le gusta o lo que le aburre al público.

Yo entré a laborar en el CPI hace apenas unos ocho meses, luego de haber trabajado un año en Diálogo y de hacer periodismo independiente en la web desde el 2007. Ahí he tenido la oportunidad de elaborar mis propias investigaciones y de colaborar junto a colegas con mucha más experiencia en el campo.

La primera investigación que realicé para el Centro trató sobre el fracaso de compañías que fueron contratadas con fondos federales para sacar a las escuelas públicas del plan de mejoramiento escolar. Esta investigación la había comenzado mientras trabajaba en Diálogo, por lo tanto, cuando entré al CPI ya tenía mi primer tema de investigación, que es el primer reto al que uno se enfrenta: ¿cómo identificar un tema de investigación en medio de la saturación informática?

Hacer una lectura crítica de las informaciones que circulan a diario me ha ayudado en ese proceso. En otras palabras, leer lo que está pero sobre todo lo que no está, interrogar al texto periodístico. También me ha ayudado leer la calle, ver la ciudad como un texto y los sucesos de la vida cotidiana como historias potenciales. Ese punto de vista me ayudó a realizar una crónica sobre la apertura de Wal-Mart en Santurce que reveló la preocupación de los pequeños comerciantes ante la multinacional, así como las ayudas que la corporación recibe del gobierno.

Una vez identificado el tema, el próximo reto es navegar sin ahogarse. Pues en la red se encuentra una cantidad caudalosa de datos que con la debida verificación pueden ayudar a montar un reportaje completo, pero que a la vez te pueden hacer perder el foco de la investigación.

Pero una vez recopilada la información, hay que atravesar la maraña burocrática para acceder a fuentes y datos gubernamentales y de empresas privadas que por lo general operan en contubernio bajo un manto de oscuridad.

Aquí se acciona entonces el apoyo mutuo entre colegas, pues además de dar espacio a periodistas jóvenes, el Centro de Investigación Periodística cuenta con periodistas experimentados, veteranos y veteranas de la información con los que se puede contar en cualquier momento aunque no interactuemos en persona constantemente. Pues en el CPI la principal sala de redacción es la habitación de cada cual o el café más cercano que tenga acceso a Internet. De esta manera, trabajamos en contacto pero de forma autónoma y con libertad de proponer temas en todo momento, lo cual, para un periodista joven, representa a la vez una gran responsabilidad y un reto mayor. Para poder manejarlo, la experiencia en Diálogo fue fundamental.

Por último, siempre está la preocupación sobre cómo contar la historia para que sea una buena, cómo romper la estructura tradicional de la pirámide invertida y mantener el balance entre lo narrativo y lo informativo. La única solución que he podido encontrar ha sido leer, no solo periódicos sino también literatura, pero puedo prever que la narrativa es uno de los aspectos que va mejorando con la práctica y con el tiempo.

Hace unas semanas El Nuevo Día publicó una serie investigativa sobre la transparencia gubernamental, lo cual apunta hacia un cambio editorial de la prensa comercial y tal vez a un reconocimiento de la rentabilidad de este género. No obstante, el CPI sigue estando solo en su labor como medio dedicado primordialmente a la investigación. El CPI es una entidad sin fines de lucro, sin ataduras comerciales, que sobrevive gracias a donaciones. Además, el CPI nació en la red, no cuenta con un antecedente impreso.

En este sentido, veo al CPI como un medio híbrido donde se usan las nuevas herramientas informáticas de la era digital para recuperar la tradición del muckraker o el periodismo investigativo de denuncia que existía en la prensa de décadas atrás. Además, al igual que Diálogo, el CPI funciona como un taller periodístico, una característica que los medios, según periodistas de renombre como Gabriel García Márquez y Ryszard Kapuściński, habían perdido con la proliferación de la gran empresa mediática tipo fábrica. Tal vez ese sea el mayor acierto del CPI ante los retos del periodismo posindustrial, usar los nuevos medios para recuperar las viejas responsabilidades del periodismo y sacarle el polvo a un género que se daba por muerto.

 

Publicado originalmente en Diálogo

  • Joel Cintrón Arbassetti
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Cuestionado el beneficio de los créditos contributivos al cine

Cuando a Puerto Rico se le nombra el “Hollywood en el Caribe” hay que hilar fino y ser crítico. Como en otras jurisdicciones convendría examinar si se trata de un beneficio económico real y cuantificable para el País o de una propaganda que se promulga repetidamente pero de la que no tienen datos.

El notable y agresivo desarrollo de producciones fílmicas en Puerto Rico le ha ganado en esa industria el mote de “Hollywood en el Caribe”. Pero, ¿benefician al gobierno de Puerto Rico los créditos contributivos que son la base de ese supuesto 'boom'? Informes de grupos especializados, e investigaciones periodísticas en varias jurisdicciones, indican que los créditos contributivos o incentivos fílmicos facilitados a las producciones de cine están lejos de ser la panacea que proclaman sus defensores.

Se hace evidente en el análisis económico realizado por la entidad independiente Tax Foundation que tales incentivos son contraproducentes en el desarrollo económico en general y menoscaban el recaudo tributario allí donde se otorgan.

El reporte especial que emitió Tax Foundation en 2010, desmiente en la mayoría de los casos los “argumentos especulativos” que políticos, comisionados, productores de cine, cineastas y cabilderos repiten para poder aprovechar las variadas formas existentes de esta “negativa política pública", de la que Puerto Rico no está exenta.

La Isla tuvo su cúspide ofreciendo incentivos contributivos al sector cinematográfico entre 2006 a 2012. No obstante, al día de hoy, la Corporación de Cine de Puerto Rico   (CCPR) no puede precisar en números los beneficios económicos revertidos,  si algunos. “No tengo una cifra, hemos estado trabajando en eso desde que llegamos. Y oportunamente se cuadrarán esos asuntos”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo Demetrio Fernández Manzano, director de la CCPR, quien ocupa el puesto desde principios de este año.

Si bien es cierto que la tendencia a ofrecer créditos contributivos, cash rebates, estipendios directos, reducciones de impuestos o exenciones de ventas contributivas, entre otras modalidades, se disparó en 2003 y alcanzó el pico en Estados Unidos en 2009 cuando 40 estados y Puerto Rico ofrecían algún tipo de incentivo, al final de 2011 los programas se redujeron casi a la mitad.

El caso de Puerto Rico es reseñado en el informe especial como “lugar donde los créditos contributivos se hacen transferible y reembolsables” y se hace hincapié en que es el “único (lugar) en el que se paga la mitad del crédito elegible antes de que la filmación propiamente ocurra”.

Fernández Manzano defendió su gestión: “desde que empecé en enero estamos buscando maneras más efectivas para administrar la ley de incentivos. Yo no sé eso de que se entreguen los créditos contributivos antes de que se filme, pero puedo decir que se somete a la producción a un proceso de rigor”.

Jorge Marchand Herencia, ex asesor legal de la CCPR, explicó que en el caso de créditos para cine existen mecanismos legales para venderlos a otros contribuyentes. “Es un crédito transferible que se vende en el mercado. Quienes lo compran lo utilizan para deducirlo de la responsabilidad contributiva o venderlo a personas contribuyentes en Puerto Rico que quieran bajar su responsabilidad contributiva, como Wallmart y Home Depot”.

Como ejemplo, planteó que si la producción gasta un millón de dólares en la Isla a través de un crédito contributivo de 40%, Hacienda le emite un cheque de $400 mil. Por supuesto que en la cadena hay “vendedores” (brokers) que reciben un porcentaje que puede fluctuar entre 10-30%  y la ganancia de ese crédito contributivo no genera impuestos.

Investigación británica se extiende a la Isla

En 2011 el fisco británico inició en Puerto Rico una investigación criminal abarcadora, realizada por la agencia Her Majesty Revenue & Custom (HMRC), que según pudo constatar el CPI, aún está vigente y en la que se indagan las transacciones y los compromisos de desarrollo de las corporaciones Salt y Pimienta, con bases en Puerto Rico e Inglaterra, respectivamente. Una carta firmada por Steve Blackburn, con fecha del 8 de julio de 2011, dice que ni Luis Ruiz Ruiz ni Pimienta/Buena Ondita es objeto de la investigación y que la participación de Ruiz en la pesquisa criminal “ha sido en calidad de testigo”.  Blackburn está a cargo de la investigación.

HMRC vela por los impuestos sobre contribuciones y fiscaliza los bienes capitales privados que se reporten al fisco británico. El periódico The Guardian publicó el pasado diciembre una serie de artículos relacionadas a la pesquisa que vincula a productoras fílmicas, que presuntamente retrasan o evaden contribuciones durante largos periodos de tiempo por medio de cuestionados esquemas.

La investigación británica interesa pormenores sobre los acuerdos que realizaron productores británicos en la Isla, particularmente con el productor Luis Ruiz Ruiz, gerente general de Pimienta,  y Luis Riefkohl Miranda, director ejecutivo de la CCPR de 2005-2009.

Pases para el fraude contributivo

Para 2012, de 40 estados, 17 habían eliminado o suspendido sus programas de créditos contributivos a la industria de cine. Otros estados habían limitado o iniciado investigaciones sobre su funcionamiento; en Iowa hubo fraude y malversación de fondos, en Michigan suscitó un escándalo poco glamoroso aunque bastante peliculero que el periódico New York Times presentó en la serie investigativa titulada Los Estados Unidos del subsidio en diciembre pasado, que examina los incentivos otorgados y su impacto en los empleos y la economía. El tercer artículo de esa serie es sobre los créditos fílmicos.

A pesar de que el capitalismo opera sobre riesgos y ventajas, el análisis de la Tax Foundation en torno a los “beneficios” de los incentivos contributivos  lo que subraya es que son los contribuyentes quienes cargan con la parte riesgosa y no los grandes intereses fílmicos y sus vinculados.

Aun cuando el argumento más empleado es que “debido a la producción el turismo aumenta (hoteles, restaurantes)”, correlacionar esto y la visita de las estrellas de cine es “bastante especulativo”, resume el estudio.

Tampoco hay evidencia de que ocurra un incremento económico sólido que justifique las cuantiosas exenciones tributarias que se les facilitan.

El reporte concluye que lo más sano para la política pública y para el desarrollo económico es mantener una contribución estándar. Así se evita que políticos y allegados dirijan sus recursos con “especial atención a grupos específicos de empresarios a cambio de una tajada”.

 


 

Hallazgos de la Tax Foundation sobre el análisis de créditos contributivos

Las grandes casas productoras y los dueños de estudios fílmicos van tras los incentivos y lo hacen por medio de otras empresas “rentables” y conocidas (productores, desarrolladores, etc). Dichas empresas establecen “prácticas que operan por favoritismos políticos de acuerdo a las leyes tributarias”.

Desde la perspectiva de los cineastas, los incentivos son como un tema “parcialmente censurado” y quienes negocian con los funcionarios de gobierno son personajes que se encargan de diseñar el esquema “a favor de los implicados y en desventaja para el erario”, dice el análisis.

Se recomienda que auditores externos al gobierno hagan el trabajo de fiscalizar. Se cita el caso de Iowa, que en 2009 tuvo un colapso en el recaudo del fisco, pero el gobierno se negó a contratar un auditor externo porque no era del partido en mando. El resultado fue un escándalo público: los créditos se detuvieron tras el inicio de una investigación criminal y un productor fue encarcelado.

 

 


 

Escándalos en Michigan e Iowa

I) En 2009 la economía de Pontiac, Michigan, estaba lacerada y para revitalizarla se justificaron créditos contributivos para la industria fílmica para crear empleos. No obstante, se mezclaron “inversionistas y compadrazgos” en negocios que afectaron los bonos de las pensiones de jubilados porque se utilizaron éstos como colaterales para los créditos.

Los personajes claves vinculados al fiasco de Michigan eran allegados a  políticos, incluso familiares asociados con los asesores del presidente Obama, inversionistas y donantes del estado con trasfondo criminal que pregonaban su inocencia en prensa al mínimo cuestionamiento. La periodista del New York Times describe algunos como agresivos (o take no prisoners style); personajes vindicativos que para lograr sus objetivos se valen de todos los métodos.

II) El escándalo de los créditos de Iowa se reseña como “alerta para otros estados”. Oficiales del estado notaron movimientos y contrataron auditores externos que revelaron:

Autos como Range Rovers y Mercedes fueron comprados a los productores para continuar con el esquema de créditos fílmicos.

No se halló una sola documentación en regla sobre los gastos de las películas. Solo dos de 18 beneficiates sometieron recibos.

Los contratos fueron enmendados para justificar el incremento en la aprobación de los créditos.

Se pagó grandes cantidades de dinero a familiares de los cineastas por medio de créditos contributivos.

Varios pagos fueron hechos fuera de la jurisdicción para la que se habían solicitado los créditos.

 

Inglaterra investiga evasión contributiva de compañías de cine en Puerto Rico

  • Dalila Rodríguez Saavedra
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Inglaterra investiga evasión contributiva de compañías de cine en Puerto Rico

El gobierno de Reino Unido mantiene abierta una investigación por posible evasión de impuestos sobre créditos contributivos que la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) otorgó a entidades asociadas a la productora puertorriqueña Pimienta Films, según confirman testimonios y documentos en poder del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El CPI confirmó que la agencia británica Her Majesty Revenue & Custom (HMRC) mantiene vigente la investigación que en Puerto Rico inició en 2011 porque ambas entidades puertorriqueñas mantenían negocios con empresas británicas relacionadas a un esquema de evasión de impuestos en Gran Bretaña. HMRC es la agencia responsable de velar y fiscalizar por los impuestos de contribuciones sobre ingresos a nivel nacional, incluyendo los bienes capitales de corporaciones y otras instancias del fisco británico.

La información fue confirmada por Michelle Potts, oficial de prensa de la agencia investigadora británica. En un correo electrónico clasificado como “protegido” Potts precisó el pasado 19 de febrero, que “la investigación del HM Revenue & Custom continúa en proceso” y por ello “no era propicio ofrecer más detalles”.

Proyectos fílmicos que en el pasado se atendieron desde la CCPR,  y que fueron trabajados por Pimienta, presidida por Luis Ruiz Ruiz, son parte de la prolongada y compleja pesquisa que adquiere relieve internacional ya que en varias jurisdicciones se está cuestionando la efectividad de ese tipo de “incentivo” a la industria fílmica.

En sus indagaciones con Puerto Rico HMRC se interesó por cada detalle de las transacciones emitidas desde aquí y que alegadamente enriquecieron cuentas personales de productores en vez de ser invertidas en las filmaciones.

Al tiempo que el gobierno británico indagaba en la Isla, Pimienta no sólo sostenía compromisos de desarrollo conjunto con algunas de las corporaciones extranjeras desde 2006, sino que, además, continuaba beneficiándose de millones de dólares de las subvenciones otorgadas por el Departamento del Trabajo (DT) bajo programas que fomentan la creación y el mantenimiento de empleos. Un esquema cuestionado en una serie de reportajes realizados por el CPI.

La ex directora de la CCPR Mariella Pérez Serrano, confirmó al CPI que dos investigadores de HMRC –de los cuales recuerda el nombre de Stephen Blackburn– estuvieron en las oficinas de la corporación hace dos años para indagar personalmente y tomar declaraciones juradas en torno a las ejecutorias de la disuelta empresa Buena Ondita –que en la actualidad es Pimienta Films– y de otros proyectos fílmicos en los que la CCPR estaba involucrada.

“La investigación surgió porque Buena Ondita estaba asociada con Salt, compañía de ventas ‘hermana’ de Pimienta y alter ego corporativo.  Salt –que antes fue Lumina Films– y Pimienta son empresas asociadas al International Film Collective (IFC)”, explicó la ex funcionaria.

IFC es un grupo internacional de renombre que propicia la conceptualización de negocios fílmicos en las distintas fases de producción.

“Salt invierte recursos en la empresa de Luis Ruiz, entregándole proyectos ready made para levantar su financiamiento,” explicó Pérez Serrano.

El fisco británico investiga

La comunicación inicial entre HMRC y la CCPR fue por medio de llamadas en conferencia y cartas. Luego, Pérez Serrano en calidad de directora ejecutiva, tuvo una cita con los agentes británicos. En ese momento supo que “el objetivo de la visita era investigar las empresas subsidiarias de la corporación matriz IFC, cuya sede está localizada en Mónaco”, precisó.

De acuerdo a la limitada información provista por Blackburn a Pérez Serrano, HMRC buscaba pistas sobre cuentas que habían sido creadas y firmadas con créditos contributivos en Andorra y Montecarlo.

“Lo estipulado era que el dinero de los créditos se utilizarían para los propios financiamientos de las películas y no para otros fines. Por eso investigaban un alegado esquema contributivo en el que aparentemente, en vez de reinvertir el dinero en las películas, se quedaban con él”, explicó Pérez Serrano.

El departamento de investigaciones criminales requirió la cooperación a la CCPR como “testigo potencial” y queda explícito en el documento de abril 26 de 2011 que la ayuda prestada durante la pesquisa “debe ser voluntaria”, aunque se advierte que se acudiría a las autoridades federales si ocurre resistencia de parte de la dependencia del gobierno de Puerto Rico.

Desde diciembre de 2012, el periódico británico The Guardian viene publicando una serie de artículos relacionados a investigaciones de producciones asociadas en la industria fílmica, entre otras corporaciones globales y de cómo dichos esquemas permiten a los inversores retrasar o evadir contribuciones al Estado durante largos periodos de tiempo.

Buena Ondita y sus socios

La primera carta que el investigador criminal Blackburn envió a la CCPR explicaba que investigaba “las transacciones que involucren a la IFC, Fat Cat Films Ltd, D III LLP –conocida también por Film Development IV LLP– y Little Wings Films”. Y que tenían conocimiento de que Buena Ondita era una empresa conjunta con IFC. Luego mencionaba cinco proyectos fílmicos que presuntamente Buena Ondita realizó.

No obstante, el CPI supo a través de Pérez Serrano y Luis Riefkohl Miranda –director de la CCPR entre 2005 y 2009– que las cinco películas no se llegaron a realizar en Puerto Rico.

Posteriormente, en otra carta con fecha 25 de mayo, Blackburn solicita a Pérez Serrano documentos puntuales como: “evidencia relacionada a la financiación de la película puertorriqueña Maldeamores (2007), que demuestre su vínculo con IFC, Lumina Films –ahora Salt– y Buena Onda; con Cyril Megret o Robert Bevan”.

Estos últimos son directores asociados a las empresas arriba mencionadas.

En el informe anual de 2006 del Registro de Corporaciones del Departamento de Estado de Puerto Rico (DE) aparece que la compañía Buena Ondita es presidida por   Ruiz Ruiz, que Bevan es el vicepresidente y Megret es el tesorero. En junio de 2008 Buena Ondita cambia su nombre corporativo a Pimienta según el registro de Estado.

De la segunda misiva de Blackburn se desprende que IFC ni Lumina proveyeron a las autoridades británicas la información relacionada al financiamiento de Maldeamores y cuestiona a Pérez Serrano si “[ella] está en una posición para esclarecer el rol de IFC”.

“Todo lo que ellos pidieron y estaba disponible en archivos yo se lo entregué. Salvo unos recortes de periódicos que reflejaban el éxito taquillero local de Maldeamores, porque la corporación no tenía presupuesto para un traductor y ellos no podían utilizarlo tal cual como evidencia”, expresó Pérez Serrano.

Los documentos que solicitaron los británicos eran de la época en que Riefkohl Miranda era el director ejecutivo de la corporación.

Blackburn además, refiere a un borrador, de febrero de 2006, que sirve como “evidencia de que hubo un acuerdo de desarrollo de cofinanciamiento que iba dirigido a la CCPR”, pero le aclara a Pérez Serrano que faltan detalles de la conclusión del acuerdo, si lo hubo.

Según el investigador, aunque “dicho acuerdo de desarrollo de empresas conjuntas” se describe como “genérico”,  y que “puede servir para que la CCPR entre a financiar con los productores de películas que deseen acceder al Fondo Cinematográfico [Ley 121 para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico]”, no hay reportes de ninguna documentación firmada por tanto no consta si entró en vigor.

Menciona también que Riefkohl Miranda confirma en el documento que “la Junta de Directores de la CCPR ha acordado la designación de IFC como proveedor de servicios de desarrollo”. Por eso insiste a Pérez Serrano si sabe lo que significa el acuerdo y cuáles fueron los resultados. Pérez Serrano declara desconocimiento de los pormenores del asunto.

La ex directora de la CCPR dijo al CPI que existían unos acuerdos tipo contrato, pero les faltaba la última página de la firma. También que figuraban unos desembolsos realizados, aunque algunos de los contratos estaban incompletos.

“Reitero que se envió al Reino Unido lo que teníamos tal cual y se les dejó saber que no aparecieron todos los documentos en los archivos”, advirtió la ex funcionaria.

Según documentos relacionados con Buena Ondita revisados por el CPI en el Departamento del Trabajo (DT), “la película Maldeamores contó con distribución internacional que se negoció a través de la CCPR y los productores de la distribuidora inglesa Lumina Inc”. La carta firmada por Riefkohl Miranda en 2006 y dirigida al Secretario del DT, Román M. Velasco, constata el acuerdo interagencial Apoyo al de Aquí entre la CCPR, el Departamento de Desarrollo Económico y el DT para incentivar las producciones de cine.

El documento en cuestión deja claro que “el DT incluirá en los salarios subsidiados a todo el personal que no tenga una participación comercial del proyecto. En ese sentido la CCPR remitirá, junto con la solicitud del productor independiente, un análisis de la participación de cada proyecto”.

Sobre estos temas Riefkohl refutó. "No era una investigación a mi persona, era una investigación sobre un contrato de unos proyectos fílmicos con quien en su momento se intentó hacer un codesarrollo. Porque IFC era una compañía de agentes de ventas [fílmicos]. Pero aunque lo firmamos no se hizo desembolso alguno. Porque no logramos hacer proyectos lo suficientemente puertorriqueños para desembolsar", sostuvo Riefkohl.

“Me reuní con Román Velasco e hicimos la alianza.  El DT separaba una cantidad de dinero anual dirigida a la producción de cine y televisión.  La CCPR endosaba proyectos que tuvieran compromisos del fondo de cine.  De esa manera los proyectos recibían de ambos lados, se completaba el financiamiento y se podían producir”, añadió.

Riefkohl especificó al CPI que antes de su incumbencia en CCPR, el DT otorgaba fondos para proyectos fílmicos pero que no arrancaban porque les faltaba presupuesto. Que a partir de un análisis se supo que el fondo de cine había otorgado dinero a diez proyectos, “pero que tampoco fue suficiente”. “Había un desfase, el DT otorgaba sin dialogar con la CCPR y viceversa. Lo que terminaba pasando era que ni uno ni los otros se hacían. Gracias a esa alianza se produjo sobre diez películas puertorriqueñas durante mi tiempo en la CCPR”.

Riefkohl afirmó que cuando fue interrogado por los investigadores  británicos sus declaraciones fueron juradas como parte del proceso.

“No estamos vinculados a ninguna investigación británica”.

Por su parte, Ruiz Ruiz fue parco y puntual al cuestionársele sobre la investigación británica. Del interrogatorio de los agentes en la Isla, se limitó a responder: “no voy a contestar eso”.

No obstante, horas más tarde Ruiz Ruiz se comunicó con el CPI para abundar en sus declaraciones.

“Pimienta no está siendo investigada. No hay vínculo de sociedad alguna en términos de operating agreements en cuanto a las acciones de Pimienta; el único dueño de Pimienta es Luillo Ruiz”, declaró.

Se le solicitó evidencia sobre la alegada exoneración de la pesquisa pero se negó a ofrecerla. Inexplicablemente, Ruiz Ruiz dijo que retendría información pertinente hasta que la investigación periodística que realiza el CPI saliera publicada. Una vez publicado este artículo Ruiz Ruiz le hizo llegar al CPI una carta firmada por Blackburn, con fecha del 8 de julio de 2011, que dice que ni Ruiz ni Pimienta/Buena Ondita es objeto de la investigación y que la participación de Ruiz en la pesquisa criminal “ha sido en calidad de testigo”.

El CPI pudo corroborar en las propuestas para los Fondos de Ley 52 del Departamento del Trabajo, que Pimienta sometió al Negociado de fomento para las oportunidades de trabajo (NFOT) desde 2009 a 2012, que Ruiz Ruiz hace referencia a que “Pimienta cuenta con representación de ventas, de distribución y/o arreglos pre-venta con compañías de renombre internacional como Salt, Sony”, entre otras producciones.

Asimismo que “debido a su asociación a la reconocida compañía británica de ventas The Salt Co., sus proyectos ya cuentan con representación de ventas y distribución internacional”. Y que la película, “Welcome to the Jungle está representada por la reconocida agencia de ventas The Salt Co. y ha tenido tan extraordinaria aceptación en el mercado internacional, que sin haber comenzado a rodar, ya se han vendido sobre un millón de dólares en preventas a territorios internacionales…”, concluye la petición añadiendo que será filmada completamente en la Isla con personal técnico, de creación y producción local.

En referencia a esto la relacionista pública de Pimienta, Adriana Núñez Cox, comunicó que “la relación que existe entre Pimienta y Salt es una de estrecha colaboración, no de sociedad. Colaboran de la misma manera que ha colaborado con otras agencias de venta, proyecto por proyecto”.

La corporación “ignora”

Sobre la investigación de los británicos en la Corporación, el actual director ejecutivo, Demetrio Fernández Manzano, reaccionó sorprendido. “Voy a ser escueto: yo no conozco esa investigación”.

“Tendría que sentarme a ver si hay una investigación en curso por esta gente, pero nunca había escuchado de esto”.

Cómo se afectarían los proyectos pendientes de Ruiz Ruiz con la CCPR de haber un fallo en su contra es un tema que “se atendería en su momento”, dijo el funcionario al CPI. “No somos nosotros los llamados a tomar cartas en este asunto [en la actualidad], nosotros somos una comisión de cine”, defendió Fernández Manzano.

Acuerdos que se abren y cierran puntualmente

De acuerdo con el ex abogado de la CCPR, Jorge Marchand Herencia y Pérez Serrano, los proyectos fílmicos suelen abrir corporaciones mientras duran los proyectos y se reciben pagos pendientes. Una vez el proyecto fílmico concluye, se tiende a cerrar la corporación, eliminando así posibles y posteriores requerimientos. “De ese modo se pierde el rastro, si la compañía ya no existe se evitan todo tipo de reclamaciones judiciales. Si no hay empresa ¿a quién se le reclama?”, cuestionó Pérez Serrano.

  • Dalila Rodríguez Saavedra
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